La PGR ha consignado a 6 mil 905 personas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército desde que se puso en marcha a nivel federal el nuevo sistema penal, pero 86% de los consignados, más de 5 mil, están libres porque este delito ya no amerita prisión automática y porque los fiscales no acreditan con investigaciones que se trate de personas peligrosas que merecen permanecer encarceladas.

Entre esos casos se encuentran el de personas que públicamente han sido presentadas por cometer supuestos delitos graves como homicidios o crimen organizado, pero que al llegar ante el juez solo son acusados por la PGR de portar el arma con la que fueron detenidos. Datos del Poder Judicial Federal indican que de noviembre de 2014 a junio de 2017 la PGR ha consignado la citada cantidad de personas por dicho delito, que va desde la portación de pistolas calibre .38 o 9 milímetros hasta rifles automáticos o lanzagranadas.

De ese total, hay 695 personas que quedaron libres debido a que los jueces consideran que no hubo elementos para vincularlos a un proceso. En tanto la mayoría, 6 mil 210 personas, sí fueron vinculadas a un proceso penal pero de ellos solamente a mil 143 se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva. Es decir, a los otros 5 mil 67 se les procesó pero el juez consideró que no se cumplían los requisitos que marca la ley para que permanecieran en prisión mientras se desarrolla el proceso, por lo que siguen su juicio en libertad.

El viejo sistema penal que operaba en México, previo a la reforma constitucional, consideraba que el simple hecho de portar armas de fuego de grueso calibre o de uso exclusivo del Ejército era un delito grave aunque no se hubiera cometido delito alguno con ellas. Por tanto, ameritaba la prisión preventiva de forma automática. Pero el nuevo sistema penal acusatorio, que por esencia da mayores garantías y privilegia la presunción de inocencia, ya no contempla el delito de portación de armas de fuego como meritorio de prisión preventiva de oficio.