Este 20 de enero el republicano Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos (EU) y con ello iniciará un gobierno que ha prometido implementar una política migratoria de persecución a personas sin documentos de estancia legal; y deportaciones masivas.

Ante este panorama, 5.5 millones de mujeres mexicanas  indocumentadas –cifra que representa 46 por ciento de la población mexicana que viven en el país vecino– corren el riesgo de ser deportadas, ser obligadas a separarse de sus familias, perder sus empleos, o trabajar en la clandestinidad.

En su campaña para llegar a la Casa Blanca, Trump propuso una política migratoria y aunque lo que llamó la atención mediática fue la construcción de un muro fronterizo con México, la propuesta también incluye deportaciones, la cancelación de “amnistías” otorgadas por el gobierno de Barack Obama, y el bloqueo de fondos para las ciudades “amigables” con estas poblaciones, entre otras acciones.

De concretarse, la medida afectará no solamente a las mexicanas que radican en aquel país –que representan 26 por ciento de la población femenina migrante, de acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) – sino a mujeres migrantes de otras nacionalidades, y a las familias que emplean migrantes para realizar tareas domésticas y de cuidado.